El incendio mortal se produjo en un momento en el que las ciudades fronterizas de México se han visto abrumadas de migrantes retornados desde EE. UU., mientras siguen llegando personas procedentes de otros países.
CIUDAD JUÁREZ, México — Katiuska Márquez dijo que el lunes por la tarde estaba pidiendo dinero en las calles de Ciudad Juárez cuando los funcionarios de migración mexicanos se la llevaron a ella y a su familia a un centro de detención de migrantes ubicado justo al lado de la frontera con El Paso, Texas.
Horas después, la venezolana de 23 años fue puesta en libertad junto con sus dos hijos pequeños y su marido, pero dijo que las autoridades no liberaron a su hermano mayor, Orlando Maldonado.
Una de las últimas cosas que le dijo su hermano, según ella, fue “no me dejes morir”.
Esa noche se suscitó un incendio en las instalaciones, que mató al menos a 38 personas e hirió a otras 28. En el lugar había detenidos 68 hombres de Centro y Sudamérica, indicó el gobierno mexicano. (Las autoridades habían informado que había 40 personas muertas, pero luego actualizó la cifra).
Las autoridades migratorias mexicanas le dijeron a Márquez que buscara a su hermano de 30 años en los hospitales locales.
Aún no se ha determinado la causa del incendio, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que empezó cuando los detenidos comenzaron a protestar dentro del centro de detención, lo que es otro ejemplo del desorden imperante en las ciudades fronterizas mexicanas que en los últimos meses enfrentan una avalancha de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha respondido al extraordinario aumento de la migración en la frontera suroccidental intentando disuadir a la gente para que no cruce de manera ilegal, apoyándose en México para que acoja a los migrantes expulsados por las autoridades fronterizas estadounidenses.
Esas medidas han reducido la afluencia de personas hacia Estados Unidos, pero eso también ha empeorado la gran acumulación de migrantes en México, donde los refugios están desbordados y las autoridades tienen un historial irregular en materia de derechos humanos.
“Junto con el gobierno mexicano, Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en lo que les ocurre a los migrantes en México, porque obliga a que la gente se quede en México”, dijo Rachel Schmidtke, directora principal para América Latina de Refugees International.
El gobierno de Biden argumenta que intenta disuadir a la gente de emprender viajes peligrosos para cruzar de manera no autorizada a Estados Unidos. El gobierno también ha abierto vías legales con el fin de que los migrantes de determinados países soliciten un permiso humanitario para entrar en Estados Unidos, con la esperanza de que un proceso más ordenado sea más seguro.
Altos funcionarios del gobierno le dijeron al Times que desde el 5 de enero, cuando el gobierno de EE. UU. lanzó un nuevo programa para permitir que algunos migrantes solicitaran un permiso humanitario de dos años, había habido una disminución del 97 por ciento en los cruces no autorizados de personas con nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense y venezolana. Los funcionarios afirmaron que también han observado una reducción en al menos un campamento de migrantes en el lado mexicano de la frontera.
Un número creciente de migrantes se ha dirigido al norte de México en las últimas semanas, muchos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos cuando expire el 11 de mayo la norma de la época de la pandemia que permitía a las autoridades estadounidenses poder expulsar rápidamente a los migrantes.
El incendio del centro de detención se produce tras semanas de creciente tensión en Ciudad Juárez, que se ha visto sometida a tensiones por el flujo constante de llegadas.
“Nuestro nivel de paciencia se está agotando”, dijo Cruz Pérez Cuéllar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, en una conferencia de prensa este mes, prometiendo que la ciudad adoptaría un enfoque más duro a los migrantes que “pueden afectar la economía de la ciudad y a miles y miles de juarenses, de paseños”.
El número de migrantes en la ciudad ascendió a 12.000, superando con creces la escasa capacidad de acogida de la ciudad, según estimaciones de la Oficina Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Ahora duermen en iglesias, hoteles y a veces en la calle.
Para sobrevivir, muchos han empezado a vender caramelos, limpiar parabrisas y mendigar dinero. Los funcionarios de migración han traído a decenas de agentes de otras partes del país para ayudar a gestionar la afluencia.
Grupos de derechos humanos firmaron una carta conjunta este mes denunciando lo que dijeron eran abusos por parte de funcionarios de migración mexicanos y “la criminalización de personas migrantes”.
La carta decía que los documentos de los migrantes fueron destruidos en una redada en un hotel local el 8 de marzo llevada a cabo por unidades de la policía, la guardia nacional y el ejército mexicano.
“Con la presencia desmedida de unidades, se envía un claro mensaje de intimidación a las personas”, rezaba el comunicado.
En medio de las tensiones, los migrantes también han emprendido acciones más desesperadas para llegar a Estados Unidos.
En la mañana del 12 de marzo, cientos de personas —incluidas mujeres y niños— se apresuraron a ir a la frontera y se reunieron en un puente que conecta la ciudad con El Paso, según informan los medios de comunicación locales. Los migrantes suplicaron para cruzar a Estados Unidos, pero fueron rechazados por agentes de la ley.
En un video grabado por el medio de comunicación local La Verdad, una mujer con un niño pequeño a hombros empieza a gritar: “¡No queremos más nada, sino pasar! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ya está bueno, estamos cansados de estar aquí en Juárez! ¡La migración no nos deja en paz! ¡Nos quita lo poquito que conseguimos! ¡Ayúdennos!”.
Al día siguiente, el alcalde anunció que la ciudad adoptaría “una postura más fuerte” con los migrantes.
En las horas previas al incendio, varios medios de comunicación afirmaron que las autoridades mexicanas habían estado deteniendo migrantes que pedían limosna o vendían mercancías en la calle, y que se habían producido tensiones entre los migrantes detenidos y el personal del centro.
El Instituto Nacional de Migración, responsable del centro de detención, declinó hacer comentarios sobre los reportes.
El gobierno mexicano informó que estaba investigando la tragedia y colaborando con los consulados de los países de origen de los migrantes para determinar su identidad.
Los migrantes muertos en el incendio procedían principalmente de Centroamérica y Venezuela, según López Obrador. Algunas de las víctimas eran de Guatemala, según el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
Las imágenes de televisión mostraron un enjambre de autos de policía, ambulancia y otros vehículos de emergencia en la zona. En el estacionamiento del centro se veía lo que parecían ser varios cuerpos envueltos en grandes mantas de aluminio, y la gente se agarraba a la cerca perimetral mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas.
Algunos de los cuerpos de las víctimas estaban cubiertos de hollín.
Jessika Barrios llegó al lugar de la tragedia el martes por la tarde, donde se formó un monumento improvisado en conmemoración de las víctimas con velas y carteles en los que se denunciaban las condiciones que enfrentan los migrantes en las calles de Ciudad Juárez.
Barrios, originaria de la ciudad venezolana de Mérida y que trabajaba como cuidadora de ancianos, dijo que vivía en una obra de construcción abandonada con sus dos hijas, Jhoannys, de 8 años, y Andrea, de 5 años.
Barrios dijo que estaba buscando a un amigo venezolano, José Rafael Mendoza, que desapareció el lunes después de trabajar limpiando los parabrisas de los coches en el tráfico de la ciudad.
“No tengo ni idea de si está entre las víctimas”, dijo Barrios, que lleva seis meses viajando con sus hijas tras abandonar Ecuador, adonde habían huido previamente desde Venezuela. “Pero me temo lo peor”.
Los ánimos estaban caldeados el martes por la tarde entre los migrantes reunidos frente a las instalaciones.
“Esta tragedia es un crimen contra la humanidad”, dijo Juan Pavón, de 55 años, antiguo bodeguero de San Cristóbal, Venezuela, que vive con sus dos hijas en las calles de Ciudad Juárez. “Somos peones en un juego entre gigantes. A nadie le importa lo que nos pase”.
“El lugar donde murieron estas personas no tiene ninguna dignidad”, añadió. “Es una prisión”.
