La extrema derecha peruana está conjugando una serie de factores para eliminar, con un plan golpista blando, al presidente Pedro Castillo, formado entre las montañas de Cajamarca como maestro y dirigente sindical. Los lobos de la política peruana, rechazados por la población, lo acusan, entre decenas de causa, de ser miembro de una red de corrupción con 12 imputaciones.
Castillo, 52 años, llegó a la primera magistratura peruana casi de casualidad. Miembro del partido progresista Perú Libre, su líder, Vladimir Cerrón, no pudo postularse por deudas con la justicia. Escogió entonces al maestro, vestido de ropas humildes, con un alto sombrero típico de los ruralistas, cuya mejor carta de presentación fue ganar una huelga general del magisterio.
En las últimas horas, un escándalo político afloró en Perú cuando filtraron un audio –reproducido en el periódico La República- que revela las intenciones golpistas de la presidenta del Congreso Nacional, María del Carmen Alva, en el que conversa sobre la posible salida del presidente, al cual sustituiría en su condición de jefa de la mesa directiva del legislativo.
Aunque la legisladora brindó una conferencia de prensa y negó el plan golpista para eliminar a Castillo, el audio la contradice, ya que su voz revela la intención de sacarlo con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales, un punto que sería tratado por la Comisión de Constitución presidido por la derechista de Fuerza Perú (fujimorista) Patricia Juárez.
“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo”, dice la titular del Congreso en diálogo con otros congresistas sobre el referido proyecto, a sabiendas que es falso.
Muchos constitucionalistas, precisó, dijeron que son comicios solo para tener un nuevo mandatario, que el Congreso no se va. Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, asegura la miembro del derechista Acción Popular en el diálogo.
En esa línea, Alva señala que, si existe una posibilidad de asumir la presidencia de la República, lo haría en calidad de líder del Congreso. Asimismo, argumenta que convocaría a comicios generales en un periodo de ocho meses para regresar de inmediato al Legislativo.
“Si las circunstancias se dan, tengo que asumir y convocar a un nuevo gobierno y Congreso¨, aclara la titular de la Mesa Directiva sobre su plan golpista. Alva refirió que el plan fue hablado con la Comisión de Constitución y un alto número de congresistas.
Conocido su proyecto, justificó su idea de dar un llamado golpe blando al presidente al indicar que ¨quieren desviar la atención con relación a eventuales actos de corrupción en el Ejecutivo¨.
A pesar de la seguridad que muestra en sus actos, en los últimos días, varias encuestas verifican que la desaprobación al parlamento llega hasta 87%, entre otras causas por su público interés en eliminar al dignatario, al que no dejan gobernar y acosan a diario.
Esta semana, las diferencias entre las bancadas parlamentarias opositoras afloraron en el rechazo mayoritario del pleno congresal a una moción de interpelación al primer ministro, Aníbal Torres.
La Constitución peruana prescribe que si el Premier fuera censurado (obligado a renunciar), con él cae el equipo de ministros y de repetirse el hecho, Castillo podrá disolver el parlamento, lo cual no sería la primera vez que ocurre en ese país del Altiplano.
La oligarquía peruana, rayana en el fascismo, ni siquiera imaginó que aquel hombre de pequeña estatura, que hizo una campaña en las zonas rurales, podía ganarle, aunque por un mínimo de votos, a la ultraderechista Keiko Fujimori, de Fuerza Perú, quien garantizaría los privilegios y también la miseria de los peruanos (25,9%) durante su eventual jefatura.
Le falló el disparo a la derecha. Pero le hacen desde su asunción una guerra sórdida, sin cuartel. Las fuerzas más retrógradas de ese país suramericano imperantes en el Congreso Nacional demoraron semanas en reconocerlo, les pusieron trabas a los tres gabinetes designados y al fin estuvieron de acuerdo con un cuarto al que cada día le señalan fallas. No lo dejan legislar, le impiden realizar consejos de ministros descentralizados en distintas regiones para escuchar a las poblaciones, lo acusan a él y a su esposa, y a varios miembros de su familia de corruptos y mentirosos.
Eliminar a Castillo, sus ideas de una nueva Constitución Nacional, los prometidos cambios políticos –porque aunque sepa poco de maniobras y triquiñuelas sí conoce el hambre y la miseria mas allá de la sofisticada Lima, la capital, asiento de las grandes fortunas peruanas- es la meta que se han propuesto las fuerzas políticas más oscuras del país de Don César Vallejo.
Es muy poderoso el unicameral Congreso quita y pone presidentes: cinco seguidos. Unos están prófugos, otros encarcelados, uno se suicidó. Verdades o mentiras, en una nación de políticos corruptos, son indicados de continuo como ladrones del erario público y otras figuras delictivas.
Cuando apenas tiene diez meses en el Palacio Nacional, el mandatario y sus distintos gabinetes viven en una continua amenaza de golpe de Estado blando, pues no hay todavía pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, por el legislativo, que se valen de un mínimo motivo, falso o verdadero, para desprestigiarlas, una antigua maña derechista, y destituirlas. Hasta ahora, siempre han ganado la jugada.
La oposición peruana mantiene un ritmo casi frenético en búsqueda de opciones para un pronto retiro del presidente.
Nadie se engañe y el audio de la presidenta del legislativo lo demuestra. La lucha de poderes es uno de los resortes que mueve a los opositores, que ya se relamen en pugna por la designación del relevo de Castillo y el escenario posterior a su eventual vacancia, suspensión, destitución o renuncia forzada.
El gobierno peruano vive el peor momento de su gestión porque ya no hay paños calientes. La derecha pretende eliminarlo, llamar a elecciones generales y no hay que ser muy imaginativo para saber a quién colocarán en su lugar de manera definitiva.
Aunque Castillo recibió el permiso legislativo para viajar a Estados Unidos del 7 al 12 de este mes invitado por la Casa Blanca para asistir a la IX Cumbre de las Américas, algunos analistas consideran que este es el peor momento para un viaje internacional, pues esta semana el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, incluyó al dignatario en la investigación de una presunta red mafiosa, lo cual, si fuese cierto, solo podría realizarse cuando concluya su mandato.
Pero no solo es esta nueva acusación lo que puso en alerta a las fuerzas políticas que aun profesan admiración por Castillo, quien resiste la andanada derechista en medio de un marea mediática hegemónica en su contra.
En dos ocasiones anteriores, y ahora vuelve a surgir de nuevo tras esta nueva denuncia la posibilidad en el unicameral Congreso de una inmediata vacancia –sería la tercera vez que lo proponen, dos fallidas- por ¨incapacidad moral¨, una causa que requiere el apoyo de dos tercios de los 130 legisladores.
Como hasta ahora no lograron el número de votos favorables a la vacancia, el legislador Diego Bazán, del grupo de extrema derecha Avanza País, redacta un proyecto para reducir el número requerido, pero algunos legisladores de otros partidos entienden que sería una ley solo contra el presidente, lo que es ilegal.
La maquinaria de los opositores no se detiene. La Comisión de Fiscalización, está en estos momentos investigando sus eventuales reuniones con, entre otros, empresarios privados, en lugares fuera de la sede del gobierno.
Ese equipo congresal, encabezado por el conservador Héctor Ventura, podría recomendar una acusación de infracción constitucional, lo que da pie a un proceso político parlamentario para cesar al mandatario.
También hay ocho acusaciones constitucionales por diversos motivos en manos de la subcomisión dedicada al tema, grupo que puede defenestrar a Castillo mediante un juicio político, en un estimado de tres meses.
También la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, está en la mira de la extrema derecha, ya que si funciona su golpe blando, impedirá que lo suceda –y ahí entra Alva en juego- en lo que se consideran los días de la estocada final contra el gobierno.
Las bancadas parlamentarias de los partidos Avanza País y Renovación Popular, de esa tendencia, recogieron la denuncia de la Contraloría General, de que Boluarte, a quien Cerrón expulsó del partido Perú Libre, hizo gestiones como presidenta de un club provinciano y violó así la norma que le exige dedicación exclusiva al cargo de ministra de Inclusión Social.
Las acusaciones de esos dos grupos, anunciadas por separado, apuntan a suspender o inhabilitar a Boluarte hasta por 10 años, como corresponde a la infracción, si fuese cierta, aunque antes el Congreso la interpelará en su calidad de ministra. Se da por sentado que será sustituida.
Sin embargo, la acusación no se sustenta, según el abogado Alberto Otárola quien señaló que la titular renunció a la presidencia del Club Apurímac -su región natal- y las gestiones realizadas fueron trámites en los registros públicos o subsanaciones pendientes relacionadas con su dejación del cargo.
El panorama político en Perú es clarísimo. Más allá de errores y limitaciones del gobierno –que no será el primero ni el último en tenerlos- existe una evidencia transparente de que los sablazos continúan y los próximos días y semanas pueden ser definitivos para apagar la bocanada de esperanza que este hombre humilde, sin casi alguna experiencia política, trajo en especial para los pobres de Perú.
