Por Gergina Zerega | Elena Reina.- El País.
La filtración masiva de correos del Ejército a la que ha tenido acceso EL PAÍS desvela una parte oscura de la institución pública más hermética de México. Este diario ha revisado más de 1.000 archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que la Secretaría ha registrado en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.
Los documentos hallados entre más de 4,1 millones de correos revelan también el conocimiento de la Secretaría de la Defensa (Sedena) de estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual. La Sedena fue consultada por este periódico sobre la información filtrada a partir del hackeo a sus servidores, y su respuesta fue un escueto “estamos investigando”.
La filtración de más de seis terabytes de información interna del Ejército incluye denuncias que detallan un mismo modus operandi de los agresores, donde a menudo se resguardan en el cargo y el uniforme —en los casos contra civiles—para ordenar a las víctimas que acudan a un lugar recóndito, solitario, donde no haya testigos. Ellas obedecen al teniente o al capitán y son acorraladas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, en muchos casos en que acusaron a sus jefes fueron amenazadas con la idea de que nadie les iba a creer o, si se encontraban en destinos aislados o alejados, les recordaban que allí estaban solas y los únicos con poder eran los altos mandos.
En un documento de la Secretaría con fecha del 9 de noviembre de 2021 hay reportados 308 militares acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos. De ellos, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual. Cinco fueron sentenciados, 10 fueron procesados y para los demás, se archivó el caso. Se refieren a investigaciones que van desde 2009.
Otras denuncias más recientes, a las que ha tenido acceso este diario, datan de 2021, e implican a tenientes de Sanidad de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad en la capital, a ingenieros constructores de la Ciudad de México y oficiales de menor rango contra un civil de 19 años en La Paz, Baja California. Este último caso relata cómo tres soldados atacaron a un chico en ese municipio cuando salía de su casa y lo torturaron con un tubo metálico.
Un contralmirante de la Marina destinado en Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora, envió a Defensa en marzo de este año una serie de informes que le habían llegado desde el Estado de Chihuahua en los que soldados reportaban que habían sido víctimas de abuso sexual y hostigamiento por parte de mandos medios y altos de la Secretaría. La compilación incluye la historia de una mujer de la Guardia Nacional destinada en Ojinaga, en el Estado de Chihuahua, que reportó que en noviembre de 2021 un superior de la Armada, con cargo de segundo maestre, hizo una demostración “excesiva” con ella al frente de sus compañeros para supuestamente enseñar a inspeccionar a un detenido. “Empezó a revisarme de forma exagerada, apretando mi pecho con ambas manos y lastimándome”, relató la mujer, “posteriormente pasó las manos por el resto de mi cuerpo, ocasionando que mis compañeros se rieran”.
Según cuenta en el informe, ese mismo superior la había “abrazado a la fuerza” cuando se encontraban solos en la lavandería en un episodio anterior. La mujer denunció también a otro jefe, un capitán “que intimida y da miedo”, porque en marzo de 2021 la mandó a llamar a una oficina, en donde se le insinuó y la besó a la fuerza. El contexto que describe era tan tenso que incluye amenazas y amedrentamiento por parte de los mandos: “Tengo miedo de que me hagan daño”. Ante la posibilidad de que su queja no trascendiera, pidió un traslado a otro sitio, una medida que suele aplicarse como castigo dentro del Ejército, pedida en este caso por la víctima para “evitar alguna represalia” por atreverse a alzar la voz. “Otras compañeras de Marina han formulado denuncias por otros hechos y en contra de otro personal de la Sedena sin que estas prosperen, ya que no las atienden y optan por irse de baja, no decir nada o las cambian de lugar”, agrega.
Esa compilación de denuncias incluye el relato de otra soldado, que reporta por la misma época que los mandos de la Secretaría hostigaban sexualmente a las trabajadoras de una coordinadora militar en Punta Naranjos, también en el Estado de Chihuahua. Según la denunciante, los altos mandos del lugar entraban sin ningún cuidado a las habitaciones donde residían las mujeres, incluso cuando estaban desnudas, y se acercaban a ellas para poder “seleccionar las que son de su agrado”. Aquellas que no accedían a tener relaciones sexuales con sus jefes, dice la mujer, eran víctimas de represalias físicas y psicológicas.
De esa dependencia se registraron múltiples denuncias que van desde discriminación a malos tratos. Los relatos firmados con nombre y apellido se repiten con el dedo acusador siempre apuntando a los altos cargos. Los jefes lo excusaban todo con una frase: “Ahora sí van a sentir lo que es estar bajo el mando de la Sedena”.
Un cabo de Punta Naranjos cuenta en un documento con fecha de febrero de este año que su jefe lo mandó a llamar porque una compañera le había acusado de acoso sexual y abuso de autoridad, pero el hecho no concluyó en nada. “Me dijo: ‘Por esta vez te la voy a perdonar, que sea la última vez porque la próxima es bote, refiriéndose a la prisión militar”, cuenta en el documento.
Una de las fotografías anexadas a la denuncia.
Las medidas de la Secretaría para enfrentar este tipo de abusos dentro de la institución pasan por cursos de protocolo para respetar los derechos de las víctimas detenidas, también talleres de género, pero no se ha encontrado en los documentos revisados, y tampoco ha sido anunciada, ninguna política pública contundente para atajar una dinámica enquistada en los cuarteles desde hace décadas.
En algunos casos la persona que denuncia se vuelve un blanco para la institución. Prueba de eso es un documento enviado en agosto de 2018 a la Oficina de Igualdad de Género del Ejército en el que se registra el seguimiento “por conducta” a una sargento que fue trasladada a Chihuahua “debido a que fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe”. El informe dice que para la “neutralización” de la situación, se mantiene “seguimiento a su conducta militar y civil”, pese a que admite que hasta el momento no ha demostrado “conductas contrarias a la disciplina militar”.
Una de las pocas medidas que parece haber tomado el Ejército es una carta en la que sus miembros se comprometen a no acosar ni violar los derechos humanos de nadie. De acuerdo a los correos, en junio de este año comenzó a circular entre las oficinas de la Secretaría ese documento que deben firmar los militares, en el que aseguran darse por enterados de qué actitudes pueden considerarse acoso sexual y prometen “no cometer actos de esta naturaleza”. A partir de esa fecha, se registran formatos firmados y enviados por soldados a sus superiores.
Hoja de responsables que deben firmar los integrantes de nuevo ingreso.
Algunos casos escalaron y, después de sortear múltiples obstáculos, llegaron a los tribunales militares, donde las víctimas tuvieron que enfrentarse a sus abusadores, en algunos casos respaldados por altos mandos de la institución castrense. Es el caso de una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y 5.300 pesos de multa, unos 260 dólares. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército.
