Por Veronica Ayala.- MCCI.
Comunicaciones internas hackeadas de los servidores de la Sedena muestran que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, altos mandos de las fuerzas armadas han maniobrado para deslindar de responsabilidad al Ejército y entorpecer las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dichas comunicaciones internas han visto la luz tras el hackeo de millones de archivos realizado por el Colectivo Guacamaya, información a la que ha tenido acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Una de las comunicaciones extraídas de los servidores de la Sedena es una carta atribuida al general Luis Crescencio Sandoval y dirigida al presidente López Obrador. En esa misiva, el Secretario de la Defensa Nacional aboga por el capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre de 2014 (cuando desaparecieron los estudiantes) fue uno de los mandos del 27 batallón de infantería que recorrió las calles de Iguala.
Aquella noche, el capitán Martínez Crespo encabezó un grupo de reacción especial para patrullar la ciudad y visitar el hospital privado ‘Cristina’, donde se encontraban varios normalistas refugiados. En su trayecto, pasó por al menos tres de los escenarios donde se llevaron a cabo los ataques contra los normalistas, entre ellos el cruce de las calles Juan Álvarez y Periférico donde se encontraban los cuerpos de dos estudiantes.
Su presunto involucramiento en el caso derivó en que fue el primer militar encarcelado por el caso Ayotzinapa tras su captura a finales de 2020.
La carta en la que el titular de la Sedena aboga por Martínez Crespo está fechada el 18 de enero de 2021, y en ella se revela que el propio presidente López Obrador ordenó a altos mandos castrenses entrevistarse con el capitán en la prisión militar de Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, donde se encuentra recluido.
El general Sandoval narró en la misiva, de forma detallada, el deteriorado estado anímico de Martínez Crespo en la prisión y hace hincapié en su constante colaboración para esclarecer los hechos que se le imputan.
“En esencia presenta un estado anímico depresivo, refiriendo que percibe poco avance en el proceso judicial que se le sigue”, dice el titular de la Sedena en la carta. “El Capitán Martínez Crespo se autodefine como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”.
El titular de la Sedena dijo a López Obrador que la acusación contra Martínez Crespo sólo está basada en el testimonio de un testigo protegido y una narcomanta, y le compartió la postura del capitán de su inocencia.
“Negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes, reconoce que en su trayecto hacia el hospital privado ‘Cristina’, observó que al costado de unos autobuses se encontraban autoridades locales fijando el lugar en donde yacían dos cuerpos, continuando su movimiento hacia el nosocomio, donde tenía conocimiento que al parecer había personas armadas”.
Estas declaraciones se contraponen con mensajes de WhatsApp extraídos del Informe de la Comisión para la Verdad y publicados por el diario El País. En esos mensajes, un sujeto identificado como ‘el Capitán Crespo’ se comunica con uno de los sicarios de Guerreros Unidos apodado ‘El Chino’ para comentarle que “ai dos pendejos estudiantes tirados aquí… ai los voy a dejar que se mueran”.
MCCI también tuvo acceso a una ficha de identificación de Martínez Crespo realizada por la Sedena donde se elaboró un perfil económico del Capitán en Retiro. Ahí, se revela que Crespo está vinculado a propiedades en cinco domicilios distintos en las ciudades de Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Victoria, Ocosingo y Pánuco.
A pesar de esto, en el escrito enviado al presidente López Obrador, el General Luis Crescencio Sandoval enfatiza que Crespo tenía una limitada capacidad económica tras su retiro de las fuerzas armadas en 2015.
“Desde un principio ha sido investigado sobre sus ingresos y patrimonio, no encontrando las autoridades evidencias de capacidad económica superior a la que ha podido obtener como resultado de sus ingresos.
“Al pasar a situación de retiro en el año 2015, laboró con un empresario como elemento de seguridad privada, a cambio de un sueldo modesto que complementaba sus limitados haberes de retiro por contar con una pensión alimenticia y por diversos descuentos ante instituciones Bancarias, compartiendo gastos con su pareja sentimental”, refiere la misiva del titular de la Sedena.
En otros documentos, que también fueron extraídos de los archivos de la Sedena, se hace referencia a reuniones que el general Sandoval tuvo con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien ha sido socio de dos abogados que defienden a cuatro militares implicados en el caso Ayotzinapa.
Una de las reuniones de Sandoval y Scherer se efectuó el 18 de agosto de 2022, el mismo día en que la Comisión de la Verdad publicó su más reciente informe, en el que se revelaron más indicios del involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa. Días después se habría efectuado un segundo encuentro en el campo militar No. 1, de acuerdo con la agenda del titular de la Sedena.
“Actividad privada (desayuno con los CC. Lics. Julio Scherer Ibarra y Omar Hamid García Harfuch), en la Casa Militar “Morelos”, Campo Mil. No. 1-A “Gral. Div. Álvaro Obregón”, Cd. Méx”, se detalla sobre la reunión programada el 18 de agosto para las 9:00 horas.
Ese mismo día, a las 11:45 horas aparecía también programada la reunión de trabajo en Palacio Nacional sobre el tema Ayotzinapa, en torno al informe de la Comisión de la Verdad para el caso.
En la agenda se detalla que en la reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y quien también ha sido involucrado en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con minutas del Ejército, estuvo presente en dos reuniones de autoridades en torno a este caso en Iguala, el 7 y el 8 de octubre del 2014. El funcionario, que entonces era Comisario de la División de Gendarmería de la Policía Federal, ha rechazado su participación en esos encuentros.
El hackeo identificado como #SedenaLeaks también revela otras comunicaciones de asesores del titular de la Sedena y de militares de alto rango que aconsejan acciones para limpiar la imagen del Ejército en el caso Ayotzinapa.
En una serie de comunicaciones enviadas desde mediados de 2015 al correo de la Unidad de Asesores del Alto Mando, y dirigidos al Secretario de la Defensa Nacional (entonces Salvador Cienfuegos), el General de División Humberto A. Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor, recomendaba deslindar al Ejército de cualquier participación en los hechos, criminalizar a los estudiantes y desacreditar a sus padres, defender la “verdad histórica” a como diera lugar y la salida del grupo de expertos del GIEI, entre otros puntos.
La primera comunicación con contenido sobre el caso Ayotzinapa fue enviada el 4 de mayo del 2015 desde un correo personal de Guillermo Aguilar, y en ella advertía sobre la apertura de nuevas líneas de investigación y el encuadramiento del caso como desaparición forzada.
En ella señalaba que la solicitud de los padres de los estudiantes de abrir nuevas líneas de investigación buscaba alargar el proceso y desprestigiar al gobierno, y recomendaba adelantarse y ganarles “la primicia” ante el posible hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas. Asimismo, evitar que los hechos encuadren en desaparición forzada.
“El abrir nuevas líneas de investigación, señalan la intención de los padres de Ayotzinapa de continuar tratando de desprestigiar al gobierno de México y desde luego trastocar el resultado de las elecciones del 7 de Junio próximo”.
En otra de las asesorías, con su aportación sobre el Tercer Informe de los Expertos de la CIDH, enviada el 18 de mayo del 2015, reiteraba que no debía aceptarse que el caso fuera considerado como desaparición forzada y recomendaba aleccionar al personal militar del Batallón 27 para evitar inconsistencias.
“Preparar al personal del 27/o B.I. que será entrevistado por los expertos de la CIDH y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias”.
El 26 de julio del mismo año, ante la advertencia de la CNDH de que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes estaba incompleta y no podría ser cerrada, Guillermo Aguilar reiteró enfatizar la no participación del Ejército.
“El caso Ayotzinapa es el que más se ha politizado y en el que se pretende involucrar a nuestra Secretaría, cuando en realidad no tuvimos una participación directa en la desaparición de los normalistas”, refiere en su análisis.
Previo al primer aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el ex jefe del Estado Mayor de la Sedena recomendó en un documento enviado el 7 de septiembre del 2015 evaluar si podrían ser considerados como muertos para proceder a indemnizar a sus familias.
“Que los asesores jurídicos informen si a partir del 26 Sep. 15 los desaparecidos de Ayotzinapa pueden ser considerados como muertos”, refirió en una carta. “De ser así, prever la declaración oficial y las indemnizaciones”.
Tras la reunión que sostuvo el entonces presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas el 24 de septiembre del 2015, Guillermo Aguilar emitió una serie de recomendaciones enfocadas en la defensa absoluta de la denominada “verdad histórica”, sugiriendo incluso la contratación de peritos que la validen, para desacreditar las conclusiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que descartan la versión oficial en base a un peritaje independiente.
“Las peticiones más importantes de los padres de Ayotzinapa se están cumpliendo, y la ‘verdad histórica’ está sustentada en declaraciones firmadas. La ‘verdad histórica’ puede no ser aceptada, pero no puede ser cambiada. El Dr. Torero podrá presentar otra u otras hipótesis, pero sólo serán eso, ‘hipótesis’ que no podrán ser demostradas porque no existen bases para ello, sino simples suposiciones aunque estén basadas en aspectos científicos”, señala el análisis enviado el 28 de septiembre.
“Cualquier hipótesis del Dr. Torero para que sea creíble y desmienta la ‘verdad histórica’, debe presentar vivos o muertos a los estudiantes desaparecidos. Así, que la ‘verdad histórica’ debe sostenerse, incluso contratando a otros peritos que puedan validarla”.
Extracto de la carta que el general Aguilar le dirigió al titular de la Sedena,
en la que aconsejaba aleccionar a los soldados
en su declaración sobre el caso Ayotzinapa.
Asimismo, sostenía que los padres de los estudiantes y sus asesores buscan el descrédito del PRI-Gobierno rumbo a la elección presidencial del 2018.
“Los padres de Ayotzinapa y sus asesores sólo pretenden ganar tiempo para alcanzar 2018 con una problemática que el Gobierno Federal no haya podido resolver, y de esta manera, buscar el descrédito del PRI-Gobierno para las elecciones presidenciales”,.
Ante ello, recomendaba que el Gobierno federal hiciera uso “de todos sus recursos legales” para evitarlo.
“El Gobierno Federal debe seguir haciendo uso de todos sus recursos legales para solucionar este problema y llegar a 2018 con muchas posibilidades electorales”.
El 3 de noviembre del 2015, envió un correo sobre “las nuevas condiciones para iniciar el tercer peritaje del caso Ayotzinapa”, en el que anticipaba que éste podría señalar omisiones e incluso responsabilidad legal por parte del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam o del ex Gobernador Ángel Rivero.
Asimismo, llamaba a reiterar la no participación de militares, en el nuevo interrogatorio a elementos del 27 Batallón de Infantería, de Iguala, y que se propusieran expertos afines para equilibrar las opiniones.
“En el nuevo interrogatorio a personal del 27/o. B.I. dejar muy claro que nunca hubo omisión o participación del personal militar en la desaparición y posible asesinato de los normalistas de Ayotzinapa”, recomienda en la comunicación.
Del análisis del ex jefe del Estado Mayor de Sedena enviado el 16 de noviembre de 2015, sobre el posible involucramiento de los estudiantes con el grupo delincuencial “Los Rojos”, instó a agilizar las investigaciones para reforzar la hipótesis de su participación con el crimen organizado.
“Demostrar el involucramiento de algunos normalistas con el crimen organizado”, señala en sus recomendaciones. “Publicar toda información que exista sobre el probable involucramiento”.
Ante la solicitud de apoyo del GIEI a la Unión Europea, Guillermo Aguilar envió un correo el 7 de marzo de 2016 en el que plantea al titular de Sedena que haya una mediación por parte de Segob entre la PGR y el grupo de expertos y que se valore su presencia en las declaraciones. “La PGR debe adecuar su estrategia en su trato con el GIEI”, incluye en sus recomendaciones.
Sergio González Gálvez, embajador emérito y asesor del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, fue otro de los funcionarios que planteó acotar los trabajos del GIEI y desacreditar las acusaciones contra las fuerzas armadas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa a un año de que ocurrieron los hechos.
A través de un memorándum, con fecha del 15 de septiembre de 2015, González Gálvez sugirió al secretario de la Defensa mantener el “firme rechazo a los dolosos intentos de involucras a las fuerzas armadas en los sucesos que se analizan”.
El exintegrante del Servicio Exterior Mexicano, quien falleció en marzo de 2020, también expuso que si se tomaba la decisión de prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales se definiera un plazo fijo a fin de revisar su trabajo y la conveniencia de concluir o prorrogar su presencia en México.
Además, González Gálvez alertó al secretario de la Defensa sobre comentarios en el extranjero que referían la intervención de mecanismos internacionales para revisar el caso de los normalistas y en su caso juzgar a altos mandos del gobierno.
“Ya hay voces en los medios de información que con base en lo que ocurrió en Guatemala y puede acontecer en Honduras y El Salvador con grave impacto política en cada país, incluyendo la caída y prisión de un presidente, sugieren que se establezca para México, una comisión internacional que vea los temas vinculados al problema de corrupción, idea que en mi opinión debe ser rechazada por nuestras autoridades”, se lee en el documento.
Humberto Alfonso Guillermo Aguilar -el general que enviaba constantes consejos al titular de la Sedena- ocupó cargos como jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y director General de Industria Militar, entre otros. Pese a su amplia trayectoria y ascensos, fue señalado como parte de un esquema de compra-venta ilegal de armas de la empresa alemana Heckler & Koch a la Sedena, de acuerdo con una publicación de la revista Proceso, difundida en mayo de 2018.
El reporte periodístico refiere que entre 2006 y 2009 el general habría recibido sobornos por parte de la armería a cambio de otorgarles contratos para la compra de fusiles de asalto G-36 y armas cortas, de acuerdo con las declaraciones de un testigo.
Bajo este contexto, en abril de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa designó como Oficial Mayor de la Sedena a Guillermo Aguilar.
La carrera profesional del militar se desarrolló con un enfoque en materia de armamento, ya que incluyó la formación de Oficiales de las Armas, Aplicación de las Armas y Servicios, así como Actualización de Armamento, destacó la Sedena en el comunicado referente a su nombramiento.
En julio de 2018, en una ceremonia que encabezó Cienfuegos Zepeda, Humberto Alfonso fue condecorado junto con otros 28 generales en retiro.
