Las víctimas de hace tres años, en la Plaza de la Reforma, el 9 de noviembre del 2020, donde policías agredieron a manifestantes y dos periodistas resultaron lesionados con arma de fuego, por lo que dos de esos manifestantes del Comité de Víctimas 911, Julián Ramírez y Wendy Galarza, se presentaron hoy a atender una audiencia en los juzgados de la avenida Nichupté para exigir justicia.
La denuncia interpuesta de estos estudiantes, fue contra quienes resulten responsables, ya que la investigación corre a cargo de la Fiscalía.
“ellos decidieron a quien meter al ajo y a quien no meter, por mí, yo quiero que los 80 policías que intervinieron ese día los metan al tambo, incluyendo a Mara Lezama, Janix (hoy diputado local); todos ellos están demandados y hay en este momento siete juicios en desarrollo todos estancados y congelados”, destacó.
Todos deben de estar vinculados a proceso por omisión, porque quien puso a Eduardo Santamaría, ex director de la Policía y Capela, es tan culpable como el mismo Carlos Joaquín, igual que los que dispararon.
“alguien tuvo que poner a esos animales en sus puestos de trabajo”, señaló.
El entrevistado recalcó que, en esos juzgados, es el penal en el que vincularon a proceso a 10 policías, mandos medios que fueron directamente evidenciados, como el que me golpeó y me robo el celular, ese está aquí metido porque sale sin caucha y los comandantes que no pueden desligarse porque son los responsables del operativo.
“porqué la Fiscalía no pidió las sábanas de llamadas ya las desaparecieron; no hay un debido proceso porque toda la Fiscalía está vinculada, porque lo prepararon. Yo quiero que metan a prisión a todos los responsables y para eso la justicia no es cuestión de fines, es de medios, no están haciendo las investigaciones pertinentes”, agregó.
En esta caso específico son 9 víctimas, ante la queja en Derechos Humanos son 13, por lo que en la audiencia de hoy, de suspensión condicional se supone que tienen que acudir todos los policías imputados, que quieren zafarse, porque los juzgados se justifican que tienen exceso de trabajo y no hay suficientes notificadores, ya que cada mes tienen dos fechas programadas para audiencia que no han podido realizar, porque cada vez que ese tipo de audiencia se enferma uno de los policías, pero la autoridad los debe de apercibir y si no hacen caso meterlos a la cárcel
Estos jóvenes continuarán en su lucha con el apoyo de un abogado de la Defensoría de la Comisión Ejecutiva a Victimas del estado de Quintana Roo, que acude a las audiencias, además de que los están apoyando organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y una organización de Francia porque el caso 9N estará fuera de México en contra de la tortura.
